Fuenlabrada retrasa los pagos de impuestos y tasas, flexibiliza las deudas tributarias para PYMES y autónomos y prepara un escudo social para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se adapta a la crisis sanitaria y pone en marcha unas medidas fiscales para superar el impacto económico y social que está ocasionando la pandemia del COVID-19.

Se prevé cambios en las ordenanzas fiscales y la reformulación del presupuesto para atender a familias, personas mayores y para dar liquidez a empresas y autónomos.

Algunas de estas iniciativas son:

  • La ampliación del periodo voluntario de pago del  Impuesto de Vehículos y la Tasa de Vados que en vez de finalizar el 30 de abril, finalizará el 1 de junio.
  • El aplazamiento del primer plazo del  del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no se pondrá al cobro hasta el mes de junio.
  • El aplazamiento y fraccionamiento del pago de tributos para autónomos y PYMES de Fuenlabrada para así reforzar su liquidez.
  • Se eliminan las tasas por ocupación del dominio público (afectan a negocios con terraza) mientras estemos en Estado de Alarma, y lo que estaba ya abonado se devolverá.
  • Se aplaza el cobro de los planes personalizados de pago.
  • Ampliación del periodo voluntario de pago de todas las liquidaciones emitidas y notificadas.
  • Se suspenden los procedimientos de embargo y la emisión de notificaciones durante el Estado de Alarma.

Frente el próximo año, el Consistorio estudiará la modificación de las Ordenanzas Fiscales, por ello se podrían establecer incentivos legales contemplados para tributos como el IBI, IAE (Impuesto de Actividades Económicas) e ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras), favoreciendo el mantenimiento y la creación de empleo, la reactivación de la economía local y el apoyo decidido a la empresas, PYMES, comercios y autónomos.

Fuenlabrada está reformulando el presupuesto aprobado el pasado mes de diciembre ya que ante esta crisis, las necesidades y prioridades de los ciudadanos serán otras. Tiene como fin construir un escudo social las familias, especialmente para los colectivos más vulnerables como son los niños y las personas mayores, y para los autónomos y emprendedores de la ciudad.

El Ayuntamiento tiene,  gracias al superávit, una gran capacidad por lo que  dispone de un presupuesto de 30 millones de euros para Derechos de Ciudadanía, que han permitido poner en marcha medidas de emergencia y que se adaptarán a las nuevas necesidades. Igualmente, ya contaba en las cuentas con 5,5 millones de euros para fomento del desarrollo económico que se utilizarán para hacer frente al nuevo escenario resultando de la crisis sanitaria.

 

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Clara Domínguez