España es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado el IVA franquiciado, convirtiendo a sus trabajadores por cuenta propia en autónomos de segunda frente al resto de Europa.
El Parlamento ha vuelto a presionar al Ejecutivo para que implante esta medida, que eximinaría a unos 700.000 profesionales de cobrar y declarar el IVA trimestralmente si facturan menos de 85.000€ al año. La Directiva europea 2020/285 obliga a España a aplicarla desde el 1 de enero de 2025, pero el Gobierno la ignoró durante años. Ante su inacción, el patronal ATA denció al Ejecutivo ante la Comisión Europea, que amenazó con llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El desbloqueo llegó en marzo de 2026, no por voluntad plítica, sino por necesidad: el Gobierno necesitaba los votos de Junts para convalidar el decreto anticrisis aprobado tras el conflicto en Oriente medio. A cambio, se comprometió a impulsar la medida. El pleno del Congreso la aprobó con 339 votos a favor. Sin embargo, en la votación más reciente el PSOE volvió a oponerse, dejando de nuevo a los autónomos de segunda sin una fecha clara de aplicación.
Para los afectados, la medida supondría menos burocracia, ahorro en gestoría y precios más competitivos. Como contrapartida, quienes se acojan no podrán deducirse el IVA de sus compras, por lo que cada profesional deberá evaluar si le conviene.
El problema es que la ley aún no existe. Los expertos estiman que no entrará en vigor antes de 2027, o incluso 2028. Mientras tanto, los autónomos de segunda siguen esperando una equiparación que lleva años reclamando.
